Causa penal en curso

Abogado: "Prohibir Satudarah es una evasiva del Departamento de Justicia" (Crimewatcher.co.uk)

MAASTRICHT El fiscal va a intentar prohibir el club de moteros Satudarah ante un tribunal civil porque sus miembros están presuntamente implicados en prácticas delictivas a gran escala. El abogado penalista de Maastricht Serge Weening, que tiene como clientes a varios moteros de la conocida banda motera, califica esta medida de "disparate".

Weening afirma que el poder judicial está inmerso en "una campaña de desprestigio". "No se puede empezar a prohibir un pequeño club o asociación cuyos miembros están haciendo algo. Me parece un auténtico disparate. Hoy en día, en todos los informes policiales en los que un miembro de Satudarah es sospechoso se menciona el nombre del motoclub. Aunque luego esa asociación no tenga nada que ver", explica Weening.

Incluso si un miembro es sospechoso de agredir a su mujer, por ejemplo, se menciona el nombre de Satudarah. Eso me enfada. Y lo que me parece aún peor: si después resulta que un miembro sospechoso no tenía nada que ver con el caso publicitado por el OM y la policía, no se oye nada más por su parte. Me parece una lástima que no lo traten con más matices", afirma Weening.

Recientemente se detuvo a tres líderes nacionales de Satudarah y se registraron 22 domicilios, locales comerciales y garajes. Según la justicia, los cabecillas de Satudarah son sospechosos de participar en una organización delictiva dedicada a la extorsión, la violencia, la tenencia de armas y el tráfico de drogas. Se trata de dos hombres de 40 y 37 años de Tilburg y uno de 48 (Paul "Olla" M.) de Maastricht. Se sigue buscando a otro dirigente del motoclub.

Los registros tuvieron lugar en Enschede, Tilburg, Zaandam, Maastricht, Oss, Rotterdam, Zoetermeer, Kamerik, Zevenhuizen, Amstelveen y en Weert. Durante estos registros se incautaron 750 gramos de mdma, una escopeta, 10.000 euros en efectivo, dos motocicletas, seis coches, 10 relojes preciosos y gran cantidad de documentos y soportes de datos digitales, como ordenadores y teléfonos móviles.

En la operación participaron 200 policías, nueve jueces de instrucción y 16 fiscales. La policía cooperó con la FIOD en la investigación.

Los acusados en este caso están asistidos por:

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